El Gobierno valenciano continúa con su intención de no renovar los contratos de sus concesiones de ITV y tomar las riendas de este trámite obligatorio por la DGT a partir del 1 de enero de 2023 en una primera fase de tres que se alargaría hasta 2026. Basan su decisión en un informe realizado por la consultora independiente Nuve Consulting (1.500 páginas en total) y donde se señala que la gestión directa podría generar unos ingresos a las arcas de la comunidad de 39,3 millones, mientras que con la prórroga de la concesión actual solo se recibirían 7,6 millones y con la licitación de nuevos contratos se percibirían 19,2 millones.
Se trata esta de una inspección obligatoria para los vehículos según edad y que cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas (en el cuadro adjunto se puede ver cómo está configurada en la actualidad por regiones). En juego está el futuro de siete compañías independientes con un total de 1.200 trabajadores. Sin embargo, desde Aecova-ITV, la patronal regional de estos centros, señalan que los datos que refleja dicho estudio son erróneos y no atienden a la realidad y entienden que parte de esta decisión se fundamenta políticamente: es uno de los puntos incluidos en el Pacto del Botánico por el que PSOE y Compromís acordaron formar Gobierno tras las últimas elecciones.
Así, solicitan una reunión con la Conselleria de Economía Sostenible, la que puso en marcha dicho análisis, al que no han tenido acceso, según han señalado fuentes de la asociación a La Tribuna de Automoción, e invitan a…
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