El sector de automoción se enfrentará, finalmente, el próximo 1 de enero a la temida subida de la presión fiscal en el Impuesto de Matriculación por la entrada en vigor de los valores de emisiones de CO2 de la homologación WLTP, una vez caduque el 31 de diciembre la vigencia máxima permitida por la Unión Europea de la aplicación del factor de correlación al sistema de certificación anterior NEDC.
Según ha podido saber La Tribuna de Automoción de fuentes solventes sectoriales, el Gobierno ha descartado la propuesta que le habían planteado las patronales de incrementar los tramos del tributo un 20%, la misma proporción que aumentará de media el cómputo de los niveles contaminantes de los vehículos comercializados. Con esa modificación, se habría neutralizado el impacto en la fiscalidad, a la espera de abordar la reforma integral impositiva del automóvil.
La negativa del Ejecutivo a implementar el cambio se traducirá en que el 48,4% del mercado español de turismos y todoterrenos abonará más impuestos, según Anfac, debido a que los modelos afectados pasarán a tributar en un escalón superior al actual. Es decir, habrá muchos coches que dejarán de estar exentos, lo que sucede si emiten 120 gramos o menos de CO2, para pagar un 4,75%; otros que se moverán de este tramo, que integra a los de más de 120 y menos de 160 gramos, al siguiente, en el que se aplica un 9,75% (160 gramos o más y menos de 200); y, finalmente, otros que escalarán desde el tercer nivel al último, de un 14,75%, que reúne a los que registran 200 gramos o más.
Para medir más al detalle el impacto que sufrirá la automoción, si se analiza el conjunto de las versiones a la venta en España entre las 20 marcas con mayores entregas, a comienzos del curso que viene apenas un 9,3% de las variantes no tendrán que pagar Matriculación, frente al 52% actual. Con todas estas novedades, desde las asociaciones se anuncia una contracción muy relevante de las matriculaciones en 2021, pudiendo pasar del incremento previsto del 20% —se hará sobre un mercado que caerá cerca de un 35% en 2020— a un ejercicio plano, según una estimación de una marca.
De acuerdo con fuertes del sector, en la decisión de descartar el planteamiento realizado por las asociaciones, lo que supondrá no introducir cambios paliativos como sí han hecho otros países como Francia o Portugal, ha pesado la oposición del Ministerio de Transición Ecológica y las dudas de Hacienda sobre modular un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas; mientras que Industria y Economía se habían mostrado partidarias de llevar a cabo la reforma.
Tras la reunión de este pasado lunes de la Mesa de Automoción, Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam emitieron un comunicado valorando el encuentro, en el que se hacía referencia a la subida fiscal de enero. Así, se exponía que “la cadena de valor en bloque es consciente de que el Gobierno está trabajando desde diversos ámbitos en este aspecto urgente del Impuesto de Matriculación y entiende que la decisión está ya en la mesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, al que pidieron “una solución rápida y alineada con el Plan de Impulso”. No obstante, parece que sus demandas han sido desestimadas y solo cabría una rectificación de última hora.
Medidas para minimizar el impacto
En ese sentido, ante ese escenario negativo, entran en juego las palabras que trasladó la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior el foro sectorial y que apuntaban que, como el Ejecutivo no puede “retrasar la entrada en vigor del WLTP porque es una normativa europea”, “sí se están analizando distintas medidas o instrumentos que permitan compensar o minimizar el impacto en el Impuesto de Matriculación”; incluso “neutralizarlo”.
“Nosotros en un ejercicio de responsabilidad, pero también porque para el Gobierno el sector de automoción es prioritario, lo que aprobamos hace dos años fue una moratoria [hasta el 31 de diciembre de 2020] para hacer una transición ordenada del nuevo régimen de aplicación de las emisiones de CO2”, declaró Maroto, quien enfatizó que ahora “esto para nosotros es importante y […] lo que sí podemos es acompañar para que el impacto sea menor […], como lo hemos hecho con el Plan de impulso —el programa de choque gubernamental dotado con 3.750 millones de euros— y lo vamos a hacer con los 10.000 millones que vamos a movilizar en los próximos tres años”.
De acuerdo con fuentes del sector, las posibilidades que hay encima de la mesa serían una prórroga para 2021 del Plan Renove de 250 millones de euros, unos incentivos que se habían presentado con fecha de caducidad definitiva para el próximo 31 de diciembre, pero que no se van a agotar; y la búsqueda, cuando arranquen las negociaciones, de una reforma integral de la fiscalidad que permita avanzar hacia la descarbonización del parque pero que atienda a la idiosincrasia del automóvil, para que no suponga un lastre en su desarrollo.
No obstante, esta última medida se fijó para el medio plazo, entre 2021 y 2024 en el programa de choque del Gobierno y dentro de la reformulación que se haga de los sistemas de financiación autonómico y local. La intención es modificar las tasas de Circulación y de Matriculación “para introducir una mayor orientación ambiental en la determinación de la tributación”, lo que se traduciría en regularlos a partir de las emisiones contaminantes y la antigüedad de los vehículos.
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