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La prórroga de las ITV generará que se produzcan un millón de inspecciones consecutivas en semanas

La orden de Sanidad 413 amplía el plazo del examen tras el estado de alarma, pero mantiene la fecha original de la ficha técnica, una «trampa injustificable» para Fenasdimer.

Archivo. Un camión acude a la inspección técnica.

La ampliación del plazo de las ITV genera, según la asociación de transportistas Fenasdimer, situaciones “absurdas”, que provocarán exámenes con pocas semanas de diferencia para los 967.000 vehículos que les caducó la ficha técnica durante el estado de alarma y que cuentan con el plazo de seis meses entre visita y visita.

Estos son principalmente los vehículos que realizan su labor en las vías públicas: camiones (475.000), furgonetas (400.000), taxis y ambulancias (50.000), cabezas tractoras (30.000) y autobuses (12.000). Por su uso intensivo, el Real Decreto 920/2017, que regula las inspecciones técnicas, les otorga un plazo más estricto que a los turismos de uso particular, que la deben pasar anualmente.

Según la orden de Sanidad 413/2020, en vigor desde el 15 de mayo, se amplían los plazos para realizar las pruebas en 30 días más 15 por cada semana que haya pasado desde que caducara su ficha desde el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo. Esta nueva fecha sustituye a la originalmente prevista, de dos meses tras el fin del confinamiento.

A efectos prácticos, supone un plazo menos restrictivo –si caducara hoy, el vehículo contaría con seis meses más para acudir al centro–. Sin embargo, provoca que si un camión tuviera que pasar el examen a mediados de mayo, su prórroga se fijaría hasta octubre y tendría que volver a la ITV en noviembre, pues así lo contempla el artículo 2 de la orden ministerial.

Para Fenasdimer, esto supone una “trampa injustificable”, “perversa y aberrante”; además de “un regalo de 60 millones de euros para los centros de inspección”. Sin embargo, desde AECA-ITV, la asociación que representa los examinadores, insisten que “se debe cambiar la concepción de tasa que hay actualmente por la de la valoración de la seguridad vial”.

El texto de Sanidad fue bien recibido por esta última organización, porque permitirá aliviar la acumulación de vehículos –estimados en unos cinco millones– con la vuelta a la actividad, ya total en toda España. Según Guillermo Magaz, director gerente de AECA, que se amplíen los plazos no implica que se tengan que modificar las fechas para pasar los exámenes, especialmente en un parfque envejecido con las tasas de absentismo que manejan: un 16% para turismos y un 40% para furgonetas.

Sin embargo, nada impide a los usuarios agotar el periodo de gracia, que es precisamente lo que proponen los transportistas, “para evitar pasar dos veces seguidas la ITV”. Esto, según lo dispuesto por el ministerio de Salvador Illa, no está contemplado y probablemente acaree una sanción correspondiente. Fenasdimer, en su comunicado, “está estudiando emprender diferentes acciones legales contra la orden ministerial”, al considerar que vulnera el Real Decreto 920.

La norma europea

Otra disposición que consideran que la Orden 413 contraviene es “el Reglamento que próximamente va a aprobar la Unión Europea”. La semana pasada, la Comisión envió una propuesta legislativa al Parlamento para fijar los plazos en los que el parque móvil del Viejo Continente hubiera de haber superado la inspección técnica.

El documento fue rechazado mayoritariamente por la Cámara –solo España e Italia votaron a favor–, pues la situación y la respuesta de los estados miembro es tan heterogénea respecto a la Covid que una norma marco no tiene cabida. Modificaron el texto para fijar unos límites máximos y lo devolvieron a Bruselas, que está estudiando los cambios y tendrá que remitirlo al Europarlamento para su futura aprobación.

Sin acuerdo de protocolo sanitario

Por otra parte, los sindicatos CCOO y UGT-FICA enviaron hoy otro comunicado en el que denuncian como “inaceptable” que AECA se niegue a negociar el protocolo sanitario que les propusieron a principios de mayo, pero que enviaran sus propias medidas de seguridad y de ampliación de horarios a la Administración.

La patronal afirma que no es su competencia pactar estas condiciones con los representantes laborales de las ITV, que dependen, a la postre, de los gobiernos autonómicos y de su régimen administrativo. Ante la negativa, ambos agentes sociales afirman que la negociación se hará de forma bilateral con las propias empresas de inspección.

Antes de la publicación de la orden ministerial, AECA había enviado unas propuestas a Industria para evitar el colapso de los centros técnicos, entre las que se incluían la ampliación de los horarios o establecer temporalmente límites más laxos con los requisitos de formación de los operarios. Ambos puntos no fueron recogidos en la Orden 413.

También solicitaron que se fijaran unos plazos prioritarios, especialmente para los sectores más relevantes, como el transporte de carreteras o ambulancias. Finalmente, son las propias comunidades autónomas las que pueden determinar estas variaciones y, aunque no están recogidas jurídicamente, Guillermo Magaz afirma que la disposición de los centros es positiva y que, en algunos casos, han abierto expresamente para examinar flotas de camiones.

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