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Las concesiones de Europa solicitan una legislación específica en materia de competencia

Las redes de distribución alegaron que en la reforma de la ley 330/2010 que regula sus contratos de distribución se debían incluir cláusulas específicas para la automoción.

Juan Luis Fernández (centro), representante de Asuntos Públicos de Faconauto, en la reunión en Bruselas.

La norma que regula los contratos de distribución en Europa, 330/2010 —que contempla exenciones a la competencia vertical—, expirará en 2022. Dentro de una posible reforma, los concesionarios han solicitado que se incluyan cláusulas específicas de la automoción, ya sea en un apartado concreto, en un anexo, o ampliando la directiva que atañe exclusivamente a la posventa (461/2010), que caducará en 2023.

La primera fase de la reforma se basó en una consulta pública a la que respondieron representantes, a nivel nacional y europeo, de cualquier industria que siga un modelo de distribución selectivo —en el que los fabricantes eligen sus vendedores—, ya fueran cosmética, tecnológica, farmacéutica o automotriz. El pasado 22 de noviembre, Bruselas reunió a los principales actores que respondieron al cuestionario.

Tras la jornada, tres escenarios parecen atisbarse en el horizonte. El primero de ellos sería la extinción de la norma 330, relegando la regulación de competencia al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El segundo, que se extendiese su duración en el tiempo y que no cambiara el status quo. La tercera opción sería reformar el texto para incluir cambios en el modelo de ventas, principalmente online.

Para los concesionarios, las dos primeras son las menos favorecedoras. Depender del TFUE permitiría a los fabricantes ser aún más restrictivos con sus redes; mientras que mantener la directiva inalterada, aunque brindaría seguridad jurídica —pues las redes ya saben a qué atenerse—, perpetuaría ciertas actuaciones que se están comenzando a desarrollar, como la venta directa o la irrupción de nuevos actores en el mercado.

Así lo expone Faconauto, que se ha unido a la recién formada Alianza de Concesionarios y Talleres Europeos (AECDR). Esta asociación, enfocada en los intereses de las redes oficiales del Viejo Continente, surgió de las diferencias de entendimiento —especialmente en materia de la propiedad de los datos generados por los vehículos— con Cecra, el organismo que había ejercido más presión hasta ahora, pero que representa también a actores independientes de la posventa.

Mientras Cecra considera que el acceso a la información debería ser en tiempo real a través de una plataforma neutra, denominada On-Board Application Platform (OBA-P); los fabricantes y sus servicios oficiales defienden un acceso limitado a través de los servidores de las marcas, para evitar el efecto freeloader (gorrón), en el que actores que no han desarrollado una tecnología se aprovechen de las inversiones de los que sí lo hicieron.

Uno de los mayores problemas que detecta la AECDR y, por ende, Faconauto, es que las marcas están cada vez mejor posicionadas para ser competidores directos de sus propias redes, con el desarrollo de servicios digitales basados en la información recopilada por los puntos de venta, por su trato directo con el cliente, mientras que los constructores —que no tienen que lidiar con los riesgos comerciales ni con visitas cada vez más escasas a los showrooms— pueden agregar todos los datos y diseñar productos con un coste fuera del alcance de sus redes.

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