El Gobierno de Baleares suspenderá la Disposición adicional tercera de su Ley de Cambio Climático, en la que se incluye la prohibición a la circulación a los vehículos nuevos diésel en 2025 y a los nuevos con emisiones de CO2 en 2035, dentro de un pacto con el Estado para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, según han informado a La Tribuna de Automoción varias fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas administraciones.
Esta decisión se enmarca en las negociaciones que se mantienen entre las partes dentro de una Comisión Bilateral de Cooperación, creada a mediados de junio para resolver las dudas sobre la constitucionalidad de cinco puntos de la polémica legislación.
La propuesta de suspender las restricciones a la circulación la puso encima de la mesa el Ministerio de Industria. “El objetivo es que Baleares deje en suspenso su ley a la espera de un marco general”, expuso públicamente el secretario general de Industria, Raül Blanco, en el marco del 34 Encuentro del Sector de Automoción del IESE en Barcelona, celebrado el 29 de octubre, informó La Vanguardia.
La aceptación de este planteamiento por parte de Baleares se ha hecho a cambio de un compromiso: que el Ministerio para la Transición Ecológica incluya en la futura Ley estatal de Cambio Climático —el Anteproyecto se llevó a Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero— “una especificidad insular en materia de emisiones contaminantes”, que podría dar cobertura legal a la prohibición al diésel y los vehículos contaminantes.
Según fuentes del sector, la idea del Ejecutivo regional es que dicha excepción permita a las islas “adelantar los plazos fijados para las restricciones medioambientales en el conjunto del Estado”, que deberían establecerse en dicha normativa con la intención de armonizar criterios en España. Sin embargo, esta pretensión no está asegurada. “Todavía hay que redactarlas [la especificidad] y ver hasta dónde se quiere y se puede llegar“, comentan otras fuentes.
Sea como fuere, el acuerdo que está cerca de alcanzarse no supondría derogar las prohibiciones, como planteaba Anfac y el resto de patronales del automóvil, sino que dejará la cuestión abierta hasta, al menos, dentro de unos meses, cuando en la nueva legislatura se busque la aprobación de la Ley de Cambio Climático estatal.
Desde Baleares, se habría pedido un compromiso de que la legislación se apruebe en la próxima legislatura, antes de que llegue 2025, no obstante, los técnicos estatales podrían haber desechado esa precisión porque no entraría dentro de las competencias de las autonomías fijar plazos al Estado.
La materialización del pacto es cuestión de días, según fuentes conocedoras de las negociaciones. “Hay un acuerdo de fondo, solo falta concretar los últimos detalles de la redacción”, aseguran las mismas fuentes, que indican que el desenlace podría llegar entre esta semana y la próxima.
