Ignacio Anasagasti / Pablo M. Ballesteros / Madrid
El Gobierno ha reservado 66,6 millones de euros para planes de ayuda para movilidad eficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, lo que supone repetir la dotación contemplada en las cuentas aprobadas de 2017.
Del total de los fondos, 50 millones se adjudican al IDAE, mientras que los 16,6 millones restantes han ido a parar a la Dirección General de la Industria y Pyme, integrada en el Ministerio de Economía. En el primer caso, el dinero se destinará, a priori de manera íntegra, para un plan para implantar infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Así, en el capítulo de gastos del Ministerio de Energía se señala: “Se prevé el establecimiento de un sistema específico de ayudas a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, que también incentive el desarrollo ordenado de infraestructuras de recarga”.
Por su parte, la cuantía consignada al departamento liderado por Román Escolano irá dirigida a la puesta en marcha de un programa de incentivos encaminado exclusivamente a la compra de coches de energías alternativas. “El Plan Movea 2018 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones. Algunas tecnologías del Plan Movea se han incluido dentro del Reglamento General de Exención por categorías, lo que permitirá que las empresas puedan pedir estas ayudas aun teniendo consumidos los límites de ayudas por ‘minimis’ en los que se basaba el anterior programa”, se especifica en el desglose de gastos del ministerio.
En este segundo caso, tal y como adelantó La Tribuna de Automoción en su número de la segunda quincena de marzo, la tramitación administrativa para activar una nueva edición del Movea —se llamará previsiblemente VEA Vehículos frente al VEA Infraestructura que gestionará el IDAE— ya ha echado a andar, con el objetivo de que la ventanilla se pueda abrir antes de verano. Habrá que ver si se hace con acomodo a los Presupuestos prorrogados de 2017 o a los de 2018, si se logra su aprobación como tarde a finales de junio.
Con el planteamiento recogido en el Proyecto de cuentas públicas, no se repertirá, previsiblemente, la duplicidad que existió el año pasado. Por un lado, Economía puso en marcha la segunda edición del Movea con 14,26 millones de euros —se activó a partir de los Presupuestos prorrogados de 2016—, para apoyar la compra de vehículos eléctricos, de pila de combustible, gas natural y GLP, pero también para la instalación de puntos de carga para eléctricos.
Asimismo, el IDAE lanzó el Movalt, con una convocatoria para Vehículos de 20 millones y otra de Infraestructura de carga de 15 millones. Los restantes 15 millones se plantearon, inicialmente, para proyectos de I+D en movilidad, sin embargo este plan no se ha implementado todavía. Es más, de su dotación, de momento, cinco millones se han redirigido para puntos de carga, quedando todavía 10 millones sin asignación. Desde Anfac están planteando que se destinen para la línea de Vehículos, un movimiento que podría realizarse en cualquier momento ya que el organismo dependiente de Energía no tiene cierre presupuestario.
Apoyo industrial
En cuanto a las partidas relacionadas con la política industrial, se ha recortado ligeramente la dotación de la Dirección General de Industria y de la Pyme, hasta los 871,45 millones, es decir 3,77 millones menos que en 2017. Este departamento mantiene los fondos para el Plan de Reindustrialización y Competitividad con 810,92 millones. También no ha visto variación alguna el presupuesto del plan de financiación Industria Conectada 4.0, que se sitúa con 100 millones. Este dinero se utilizará para poner en marcha la convocatoria de 2017 cuya tramitación comenzó a finales del ejercicio pasado.
El Ministerio de Economía ha incorporado como novedad una línea de préstamos para la renovación de bienes de equipo, dotada con 30 millones. “Las ayudas previstas —principalmente para pymes— se dirigen a empresas industriales que adquieran e instalen en sus líneas productivas bienes de equipo que den lugar a una mejora tecnológica de sus procesos productivos”, se apunta.
En relación a la I+D tecnológica-industrial, la asignación asciende a 1.455,75 millones de euros, un 92,1% más respecto a 2017, gracias al notable refuerzo presupuestario de la Secretaría General de Ciencia Innovación, que ha aumentado su cuantía casi un 138%, hasta los 860,35 millones de euros. Este incremento se debe a que se le ha transferido el fondo de innovación para la implantación de la Red Cervera con 400 millones.
