latribunadeauomocion.es / Madrid
El Pleno del Senado ha dado luz verde al proyecto de Ley de servicios de pago incluyendo una enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU que deja sin efecto jurídico la norma sobre distribución de automóviles que provocó el enfrentamiento entre fabricantes y concesionarios, pese a que ya está incluida en la Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor hace dos semanas.
Los diferentes grupos político también han acordado añadir una disposición que corrige el texto aprobado en Comisión para precisar que la modificación relativa a los concesionarios se aplicará desde el día siguiente de la publicación de la Ley de servicios de pago en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De esta forma, será la próxima semana cuando el Pleno de Congreso, previsiblemente el jueves 31, ratifique definitivamente la nueva Ley y la enmienda, que ha sido redactada por el portavoz de Comercio de la Cámara Baja, Félix Larrosa.
Dicho texto, informa Europa Press, contempla que la anterior norma sobre distribución de coches, que aplicaba el contrato de agencia a la relación entre marcas y distribuidores de coches y, entre otros puntos, obligaba a los fabricantes a recomprar a los concesionarios el ‘stock’ de vehículos en un plazo de 60 días, “no será aplicable y no tendrá efectos jurídicos”.
El texto establece que, en el plazo de seis meses, el Gobierno aprobará y remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial. No obstante, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha comprometido a llevar este anteproyecto al Consejo de Ministros antes de tres meses.
Hasta que la Ley de Contratos de Distribución entre en vigor, el Gobierno presentará a las principales asociaciones del sector de automoción un código de buenas prácticas, en el que se contemple la constitución de un comité de seguimiento y resolución de conflictos.
Dicha Ley pretende mejorar la transparencia en las relaciones empresariales en el sector, fomentando la competitividad, erradicando la aparición de conductas desleales en la contratación y ayudando tanto a la mejora del sistema productivo como a la creación de empleo.
