Adrián Vega / Madrid
La sesión plenaria del Parlamento Europeo ha aprobado el informe propuesto por la eurodiputada laborista Miriam Dalli para endurecer los límites de emisiones de dióxido de carbono de automóviles y furgonetas para 2025 y 2030. El texto —que fue aprobado por 389 votos a favor, frente 239 en contra y 41 votos en blanco— finalmente ha fijado el objetivo de reducción de emisiones para 2030 en el 40% —frente al 45% propuesto inicialmente— y para 2025 en el 20%.
Asimismo, la cuota mínima de ventas de vehículos de bajas emisiones —es decir, de menos de 50 gramos/km de CO2— se ha suavizado hasta el 35% en 2030, frente al 40% que Dalli pedía. El mandato será devuelto ahora a la comisión de Medio Ambiente para que entre en las negociaciones del trílogo, con el Consejo Europeo, bajo la mediación de la Comisión Europea, en el que será su último trámite antes de ser aprobado.
Dalli destacó en día anterior a la votación del pleno que la legislación era un «resultado pragmático» que logra un «equilibrio muy delicado» entre todas las partes interesadas, recalcando que no solo afectará al cambio climático sino también a la salud de los europeos, a los trabajadores del sector del motor y a la propia industria. Además, hizo hincapié en que el objetivo no era promover una tecnología sobre otra, sino asegurarse de que el transporte contribuye de manera justa a la reducción de emisiones.
ACEA destaca que el voto estuvo dividido
Sin embargo, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha expresado su honda preocupación por el resultado de la votación plenaria. «Estamos particularmente preocupados por los objetivos de reducción de CO2, extremadamente agresivos, y la imposición de cuotas de ventas para vehículos eléctricos con batería que los eurodiputados han respaldado. El voto de hoy corre el riesgo de tener un impacto muy negativo en los empleos a lo largo de la cadena de valor automotriz», declaró el Secretario General de ACEA, Erik Jonnaert. «Básicamente, forzaría a la industria a una transformación dramática en un tiempo récord».
ACEA también destacó que había una mayoría muy estrecha en algunos temas cruciales, lo cual ha hecho que el voto telemático haya sido necesario en casi todas las enmiendas. «Los consumidores no pueden ser obligados a comprar autos eléctricos sin la infraestructura o los incentivos necesarios», explicó. «Solo podemos esperar que los gobiernos nacionales traigan algo de realismo a la mesa cuando adopten su posición común sobre los futuros objetivos de CO2 la próxima semana».
Partidarios y detractores
En el debate que precedió a la votación de hoy participaron más de 30 oradores, con opiniones encontradas respecto a las propuestas del informe Dalli. Buena parte de los eurodiputados situados a la izquierda del arco parlamentario elogiaron los objetivos de reducción de emisiones propuestos, de los que destacaron por encima de todo su ambición y pertinencia.
La eurodiputada danesa Christel Schaldemose, por ejemplo, se mostró «decepcionada» con aquellos que consideran la propuesta demasiado exigente y recordó que Dinamarca ha aprobado recientemente una normativa que prohibirá la venta de automóviles con motores de combustión interna a partir de 2030. «Esta es la verdadera ambición», sentenció. El europarlamentario holandés Bas Eickhout, por su parte, destacó que Europa debería lograr tener cero emisiones en 2050 y que, la forma más rentable de alcanzar este objetivo, es reducir las emisiones de los automóviles.
Otro de los principales apoyos que ha recibido la normativa vino del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que aseguró que la propuesta lograba el equilibrio perfecto entre los intereses ambientales y económicos y que sería clave para que la UE continúe cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de París.
Sin embargo, no todo fueron aliados. Dalli criticó duramente al Partido Popular Europeo por considerar «poco realistas» o incluso «miopes» sus propuestas, y citó a un eurodiputado conservador que llegó a exigir que se extrajera «el veneno» de la legislación antes de ser aprobada. El eurodiputado alemán Jens Gieseke puso sobre la mesa la pérdida de empleo que supondría la aprobación del texto y pidió que se suprimieran las sanciones ligadas a incumplir los objetivos. Su compatriota Peter Liese, por su parte, descartó el sistema de malus para penalizar a los fabricantes e hizo hincapié en la importancia de la neutralidad tecnológica y la innovación.
