España no firmó la declaración de la COP26 de Glasgow ‘relativa a acelerar la transición total a automóviles y furgonetas cero emisiones’ para 2035, a la que se adhirieron, entre otros, 16 países y seis fabricantes, por ser una reforma que está en debate en la Unión Europea, pero no porque esté en contra de la iniciativa.
El texto, que no es vinculante, suscrito en la ciudad escocesa promovía que «juntos, nos dedicaremos a lograr que todas las ventas de nuevos vehículos ligeros sean de cero emisiones —en el escape— globalmente para 2040, y a más tardar para 2035 en los principales mercados».
Fuentes de la delegación española consultadas por La Tribuna de Automoción, señalan que «por coherencia, si se está negociando este asunto a nivel continental, no parece lo más indicado ir por libre». De hecho, a las reuniones del Consejo de la UE (a las que asisten los ministros del área que esté en cuestión), se espera que acuda la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa RIbera, por lo que es probable que nuestro país apoye la medida anunciada en la cumbre del clima.
Una propuesta que es similar a la lanzada por la Comisión Europea en su paquete Fit fo55, presentada en julio de este año, en el que establece que a partir de 2035 no se podrán comercializar vehículos ligeros que emitan CO2. No obstante, la iniciativa tiene que ser aprobada es los llamados trílogos en los que participa el propio ejecutivo comunitario, el Parlamento Europeo y los estados miembros, a través del mencionado Consejo de la UE.
En él serán clave la postura de Alemania, Francia, España e Italia —las cuatro grandes economías de la UE—, que tampoco se sumaron a la declaración de Glasgow, pero que, como ocurre en el caso español, podrían estar esperando a que haya una posición consensuada en el continente y defender estas restricciones en el debate comunitario. No obstante, ha trascendido que el Gobierno germano —en este caso del equipo saliente de Angela Merkel— se opuso al texto de la COP26, por no incluir los combustibles sintéticos.
La previsión es que los diálogos tripartitos se produzcan a lo largo de todo 2022 y que a finales del próximo ejercicio haya una posición común de la UE en la que se permita o no seguir vendiendo vehículos que emitan CO2 a partir de 2035. En este caso, sí será de obligado cumplimiento, frente a la declaración del 10 de noviembre de Glasgow.
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