El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho pública su propuesta de directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades españolas, que tal y como dicta la nueva Ley de Cambio Climático, habrán de instaurarse antes de 2023 en todas las urbes de más de 50.000 habitantes, en las de 20.000 que tengan servicio de transporte público, y en las capitales de provincia.
En esta guía, que podrá complementarse con aportaciones ciudadanas o de otras administraciones hasta el 30 de septiembre, incluye indicadores que los municipios han de tener en cuenta a la hora de proyectar sus ZBE, como los criterios en materia de calidad del aire, la eficiencia energética o los niveles de ruido. Junto con esto, se informa igualmente de los contenidos mínimos que han de tener los textos que regulen cada zona, los procedimientos para la implementación o los indicadores de seguimiento.
El documento, de hecho, también hace alusión a la contaminación acústica, pues, según justifica el organismo que lidera la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, las zonas de bajas emisiones pueden igualmente hacer disminuir el ruido en los núcleos urbanos, por lo que cada localidad “podrá incorporar entre sus objetivos” unas metas de mejora en este ámbito.
Tal y como ha informado el equipo de Ribera, “se establecerá un calendario y se evaluará el impacto de las medidas que se adopten en cada ZBE”, debido a que los descensos en los niveles de polución en nuestro país han de alinearse “en la medida de lo posible” con los valores previstos por la OMS.
Se trata de la segunda gran iniciativa gubernamental relacionada con las zonas de bajas emisiones, tras la inversión anunciada por Transportes el pasado 23 de agosto, que aportará 1.000 millones de euros a las ciudades para ayudarlas en este proceso.
