El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho públicas las cuantías destinadas a las subvenciones para las ciudades que deban implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023, de acuerdo con lo instaurado por la nueva Ley de Cambio Climático. Así, son 1.000 millones los que se han puesto a disposición de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, de las capitales de provincia y urbes con más de 20.000 censados que cumplan criterios como disponer de servicios de transporte público colectivo.
Con las bases ya activas, tras la publicación de la convocatoria en el BOE del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano el pasado 23 de agosto, las localidades pueden solicitar montantes mínimos de 200.000 euros para cada una de las líneas de actuación previstas por el Gobierno. Entre ellas encontramos la implementación y puesta en funcionamiento de la ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte público, así como el impulso a la movilidad saludable —creación de aparcamientos disuasorios o el fomento de carsharing, motosharing, y uso de bicicletas y patinetes—. A estas añade actuaciones de renovación de flotas de transporte público, y acciones de digitalización que redunden en una mayor eficacia en la gestión del tráfico.
El máximo presupuesto subvencionable —que puede llegar hasta el 90% de los costes elegibles— dependerá, según el texto regulatorio, del número de habitantes de cada lugar. Además, se contempla la posibilidad de que la propuesta sea presentada por una agrupación de municipios o entes supramunicipales, caso en el que el tope llegaría a los 40 millones de euros.
Estas ayudas, que provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo aprobado por Bruselas, pueden pedirse a través de la sede electrónica del ministerio de Transportes hasta el próximo 30 de septiembre a las 14:00, y deberán ser utilizadas para proyectos que concluyan antes del 31 de diciembre de 2024 como requisito indispensable, siendo posible aplicarlas con efecto retroactivo a operaciones que se estén llevando a cabo desde el 1 de febrero de 2020.
Desde el organismo que lidera Raquel Sánchez se ha especificado que la madurez de las propuestas tendrá especial relevancia en la adjudicación —supone un 40% de la nota final—, por lo que serán mejor valoradas aquellas que ya hayan sido que ya cuenten con el visto bueno, así como los proyectos de licitación inmediata que cuenten con informes previos, las actuaciones que sean de tramitación sencilla, y finalmente, las que puedan financiarse antes de noviembre de 2022 y estén cerradas sin dificultad antes del cierre de 2024.
