Las marcas están teniendo problemas para poder gestionar su stock de coches, a raíz de la pandemia, que, con los cierres de los concesionarios y la contracción de los mercados que se está viviendo, está dificultando sensiblemente la venta de estas unidades ya fabricadas en unos volúmenes suficientes para que las existencias se sitúen dentro de los límites permitidos en la normativa fin de serie.
Y es que el próximo 1 de enero entra en vigor la homologación Euro 6d ISC-FCM, haciendo que los fabricantes solo puedan comercializar una cantidad concreta de modelos ensamblados bajo el sistema de certificación anterior, una regulación establecida en el Reglamento europeo 2018/858. En dicha legislación, se precisa que cada estado miembro elegirá uno de los dos procedimientos de cuantificación estipulados: que el número máximo de coches no supere el 10% para los turismos y todoterrenos y el 30% para las furgonetas de los que se matricularon el año anterior o que se incluyan los producidos al menos tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo estándar de emisiones.
Hasta ahora, los países, entre ellos España, optaban únicamente por uno de los criterios, como dice claramente la norma comunitaria, y en nuestro país siempre la elección era la de la regla del 10-30%. No obstante, fruto del complejo escenario que ha generado el coronavirus, las asociaciones de constructores llevan meses pidiendo más flexibilidad, con el fin de evitar que las marcas se vean obligadas a tener que automatricular muchos vehículos para dejar su stock dentro del límite permitido, con el consiguiente esfuerzo financiero que supone en estos tiempos de crisis.
En el caso español, Anfac dirigió esta petición al Ministerio de Industria y la patronal ha conseguido un margen de maniobra más amplio para las empresas, según informan a La Tribuna de Automoción fuentes del sector. En este sentido, los fabricantes, a diferencia de lo que se hace habitualmente, podrán escoger el método de conteo más apropiado entre los dos existentes, una solución que el departamento de Reyes Maroto introdujo “al ver que otros países lo habían hecho” y que las instituciones comunitarias no habían abierto procedimiento infractor alguno.
España no es el único estado que ha aplicado ciertas facilidades en este tema. También lo habrían hecho hasta la fecha Alemania, Francia, Irlanda, Austria y Eslovaquia, según fuentes de la asociación europea ACEA. Precisamente, esta organización envió una carta el 17 de noviembre al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, mostrando su preocupación, porque las existencias de vehículos de pasajeros “exceden sobradamente los límites numéricos del Reglamento 2018/858”, siendo “una necesidad que los países adopten flexibilidades adicionales”.
Aunque reconocía que en algunos mercados ya se “han empezado a tomar medidas”, la patronal pedía a Bruselas que se pronunciara por escrito, porque había varios estados que habían informado que no darían ningún paso sin esa validación. Ante esta solicitud, la Comisión ha explicado a esta publicación que de su parte “ninguna acción está justificada” y que las reglas existentes “ya permiten alguna flexibilidad” y que los estados “son los mejor colocados para valorar si se necesitan iniciativas específicas”.
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