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Los sindicatos de Renault condicionan el acuerdo del convenio a una adjudicación previa de productos

Las cinco formaciones sindicales han entregado hoy al fabricante su plataforma conjunta, en la segunda reunión para acordar el convenio colectivo. Las posiciones iniciales están muy separadas y, además, los representantes de los trabajadores reclaman que antes de cerrar cualquier pacto es necesario que Renault haya comunicado de manera efectiva la adjudicación de una carga de trabajo suficiente para garantizar la actividad de todos los centros españoles.

Archivo. Visita del rey, el 9 de octubre de 2019, a la planta de Renault en Valladolid, donde se produce el Captur.

Los cinco sindicatos con representación en Renault España, UGT, CCOO, SCP-CCP, CGT y TU, han entregado esta mañana a la empresa, en la segunda reunión del proceso negociador del nuevo convenio colectivo, la plataforma conjunta que han consensuado y que se compone de más de 190 propuestas. En ella, se señala como condición ineludible para llegar a un pacto que «previamente» haya «una adjudicación efectiva de productos que garanticen la continuidad de la actividad de las factorías, así como de las ingenierías y la sede de Madrid».

Esta pretensión, que también ha sido reiterada en los comunicados que han hecho públicos las centrales al término del encuentro, implica volver al modelo de negociaciones de los dos últimos planes industriales, en los que el fabricante, antes de iniciar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de competitividad, presentaba la carga de trabajo que se conseguiría a cambio. Ahora, el constructor galo, que está en una delicada situación financiera, ha cambiado el paso y ha establecido que, para poder optar con garantías a nuevas inversiones, cuyo reparto se hará durante los próximos meses –seguramente, una vez se presente el plan de reestructuración definitivo del grupo en enero, que se denomina Renaulution–, es imprescindible pactar, antes que nada, el marco laboral.

Esas nuevas condiciones que se acuerden, que según la compañía tienen que pasar fundamentalmente por «la congelación salarial, el aumento de la jornada anual y la mejora de la flexibilidad», serán las que abran la puerta a que se localice en España el cuarto programa industrial, que está siendo negociado en estos momentos en la sede en París.

Como sucede habitualmente en las negociaciones de convenio, las posiciones de partida entre las partes están muy alejadas. Y es que, tras la propuesta lanzada por la empresa el 22 de octubre, que fue considerada desproporcionada por los sindicatos, la de estos ahora va en la dirección opuesta y ni siquiera coincide en la vigencia planteada, que los representantes de la plantilla fijan en cuatro años frente a los dos de la dirección.

En materia salarial, las centrales sindicales piden cada anualidad una subida del IPC más un 2% con cláusula de revisión al alza en función del índice de precios, un incremento en la prima de objetivos del precio del punto de 1,5 euros por curso y garantizar un mínimo de cobro del 80%, la creación de una prima de beneficios que reparta un 5% de los generados en España entre todos los empleados y un aumento del 20% de todos los pluses y del 10% de las dos medias pagas extra, entre otras cuestiones.

En cuanto a la jornada, reclaman que se reduzca una por ejercicio de convenio desde las 217 actuales y se elimine la cláusula de provisionalidad de los calendarios. Por su parte, en el capítulo de la organización del trabajo, plantean volver al sistema de ritmos anterior al PECE –se aplicó a todos los centros de trabajo en 2013–, que se supriman las horas extra, que se equipare el precio de todos los sábados por bolsa de horas, incrementándolo además un 20%; que el máximo de estas jornadas adicionales sea de 10 en lugar de 20 y que las pausas se amplíen cinco minutos.

En materia de empleo, piden que a la firma del acuerdo el 100% de los contratos sea indefinido, que se apliquen contratos de relevo para todos los operarios que cumplan los requisitos legales durante la vigencia del marco laboral, que no se empleen ETT para realizar trabajos propios de Renault y que se eliminen todas las categorías de entrada.

Aparte de todas estas áreas, se han incluido en la plataforma una serie de peticiones relacionadas con salud laboral, con el plan de igualdad y de carácter social, en este caso para mejorar las licencias y las ayudas de las que se pueden beneficiar los empleados. Por ejemplo, se apunta un incremento del cheque guardería a 130 euros y del apoyo para familiares con discapacidad y dependientes a 200 euros mensuales.

Ante las propuestas sindicales, Renault, en un comunicado, ha mostrado su «preocupación», puesto que las medidas presentadas «están demasiado alejadas de los planteamientos necesarios para poder alcanzar un acuerdo, máxime dado el contexto económico del momento», y «supondrían una disminución importante de la competitividad actual de las factorías».

La próxima cita de la mesa de negociación será el 2 de diciembre y en ella el fabricante se ha comprometido a dar contestación a la plataforma sindical y a la solicitud de información que le han hecho sobre los nuevos productos que se fabricarán en España en los próximos años.

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