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Transportes prevé presentar el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible a finales de año

El Ministerio, que ya lidera un grupo de trabajo interministerial, ha establecido varios bloques de la futura legislación, entre ellos la fiscalidad vinculada al transporte o la creación de un marco general para la movilidad urbana, que aborde cuestiones como las zonas de bajas emisiones o la implantación de red de carga para vehículo eléctrico.

La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, en el webinar organizado por Anfac.

La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha informado de que la intención de su ministerio es presentar «en primera lectura» el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano en un Consejo de Ministros de finales de año, no obstante, ha matizado que esta previsión hay que tomarla «con todas las cautelas», porque los tiempos irán en función de «cómo se vayan enquistando los temas» que afectan a su departamento, fundamentalmente relacionados con el nuevo escenario generado con la crisis del coronavirus.

La responsable de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha intervenido hoy en un webinar organizado por Anfac, ha añadido que este horizonte marcado representa «un poco de retraso respecto a lo inicialmente planificado» y que el interés del Ejecutivo es desarrollar la legislación «lo antes posible». «Es un proyecto de legislatura, no se va a elaborar en dos o tres meses», ha destacado, dejando constancia de que el punto de arranque ya es una realidad, puesto que en la semana anterior a la declaración del estado de alarma en una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se creó «un grupo de trabajo interministerial» para concretar la normativa, en el que participarán de manera estable los ministerios de Transportes, Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Interior –representado por la DGT–. así como otros de forma puntual, entre ellos el de Ciencia.

Este organismo de recién creación tendrá por delante, de acuerdo con Rallo, el análisis de unas serie de grandes bloques temáticos, que ya han «identificado». Entre ellos figuran la fiscalidad que afecta a los transportes, la regulación de los criterios necesarios para invertir en infraestructuras, la fijación de instrumentos de gobernanza para que existan planteamientos homogéneos de ayudas y financiación en las administraciones en materia de movilidad sostenible, la financiación del transporte urbano, la definición de un marco general de movilidad urbana, analizando las zonas de bajas emisiones, la red de carga de vehículos eléctricos o el reparto de mercancías de última milla –todo ello haciéndolo «compatible» con la Ley de Cambio Climático–, la creación de un paraguas regulatorio para las pruebas en situación real de nuevas tecnologías y el establecimiento de obligaciones legales a los actores económicos en los procesos de digitalización, por ejemplo en la gestión de los datos de los clientes.

Respecto a los efectos de la crisis causada por la Covid-19, la secretaria general apuntó como riesgos la posible recuperación de uso del vehículo privado en las ciudades. Sobre este punto, defendió que su Ministerio está trabajando para que el transporte público «siga siendo la columna vertebral de la movilidad metropolitana y no se echen a perder todos los avances en la mejora de la sostenibilidad en el transporte».

Como segunda amenaza, detalló que habrá que abordar «cómo se trasladan a los precios de los productos los mayores costes en los que está incurriendo el sector del transporte», por ejemplo en la aplicación de medidas de limpieza y seguridad o con la inversión en digitalización.

En contraposición a todo ello, planteó que existen oportunidades claras en la aceleración de todos los procesos digitales, que puede suponer viajes más eficientes; en el teletrabajo, para reducir las horas puntas de movimientos de personas en las ciudades; o la promoción del uso de la bicicleta o de los traslados a pie en trayectos de menos de cinco kilómetros.

Acción más temprana de las administraciones

En el webinar, en el que también intervinieron el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría; y el presidente de Ametic, Pedro Mier, el director general de Anfac, José López-Tafall, subrayó que, a raíz de la crisis, tiene que «cambiar el sentido» de las políticas de las administraciones para que se guíen más por el componente «facilitador que el de penalizar». «La economía europea está más débil. […] Como te pases con el aspecto sancionador te puedes cargar al paciente», remachó.

Además, el representante de los fabricantes de vehículos declaró que en el futuro se va a producir una aceleración de las acciones de los gobiernos, lo que, en el plano europeo respecto a los temas de descarbonización y digitalización, supondrá que los recursos que estaba previsto movilizar para dentro de unos años son necesarios ahora.

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