Cuando la Comisión Europea reguló las exenciones verticales a la competencia en sus directivas 330/2010 y 461/2010, que afectan a los contratos de distribución de los fabricantes —la primera, en términos genéricos, y la segunda, en exclusiva para el mercado de la posventa—, permitió comportamientos que, en un entorno cada vez más digitalizado, no serían aprobados hoy en día.
Así lo sostiene la consultora británica ICDP, especializada en las redes comerciales de la automoción, que identificó los problemas clave que surgirán en el debate sobre la reforma de las leyes, que expiran en 2022 y 2023, respectivamente. Sin embargo, afirman que «no serán regulados de forma directa, al no tratarse estrictamente de problemas de competencia».
Esto, apuntan, podría señalar en la dirección de la aprobación de un marco regulatorio sobre el tratamiento de los datos de los vehículos y su acceso, una demanda cada vez más frecuente por parte de los actores —principalmente independientes— dentro del sector de la automoción. ICDP afirma que, dada la rápida innovación digital, dilapidar el tiempo en su ratificación podría «cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya ha escapado».
Gracias a la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en 2018 y al informe Normativa de Competencia para la era digital de 2019, Bruselas tiene una posición única en el mundo sobre la regulación del terreno de juego virtual, como quedó patente en la prohibición de unificar la información de Facebook con la de WhatsApp e Instagram, también de su propiedad.
Según este estudio, «los datos son un elemento clave en la inteligencia artificial, así como en procesos logísticos, productivos y en servicios digitales. Su importancia como parámetro competitivo solo irá en aumento». Por ello, los legisladores deben velar por cuatro pilares básicos:
Facilitar al máximo el traspaso de clientes entre servicios —y evitar procesos demasiado largos, complejos u opacos—; Hacer que los actores dominantes demuestren la competitividad en sus plataformas —sin poner trabas a los rivales que las utilicen—; valorar la importancia de los datos y su uso mercado por mercado; y, finalmente, actualizar los mecanismos de fusión de empresas para que dejen de basarse en criterios de facturación.
Respecto a este último punto, el informe señala como ejemplo la ley aprobada en 2019 por Alemania y Austria, en el que desecharon el umbral de 200 millones de facturación (por debajo de él no se supervisaba), por uno basado en la oferta de la empresa interesada en la compra. Esto permite evitar las «fusiones asesinas», en las que un actor más fuerte compra a otro aún en una fase incipiente para evitar que se convierta en competidor.
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