El Gobierno de Baleares y el central, dentro de la Comisión Bilateral de Cooperación que se abrió a mediados de junio, ya han firmado un acuerdo con el que se evita un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cambio Climático insular, que fue aprobada por el Parlamento regional el 12 de febrero, según han confirmado a La Tribuna de Automoción fuentes conocedoras de las negociaciones.
El pacto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), implica dejar en suspenso la Disposición adicional tercera en su apartado tercero —no se deroga—, que regula la prohibición a la circulación de vehículos nuevos diésel a partir de enero de 2025 y de los vehículos nuevos con emisiones de CO2 a partir de 2035, un desenlace que fue adelantado por esta publicación en su edición impresa de la primera quincena de noviembre.
Esta suspensión está supeditada a un compromiso por parte del Estado de introducir en la futura Ley de Cambio Climático —el Anteproyecto de Ley se llevó a Consejo de Ministros el 22 de febrero, quedando paralizada la presentación del Proyecto de Ley por el adelanto electoral—una especificidad insular en materia de emisiones contaminantes, que conceda mayor margen de maniobra a las islas. Lo que no está definido es si esa excepción sería suficiente para aplicar las restricciones a la circulación tal y como están en vigor o deberían modificarse en algún sentido.
La pretensión del Ejecutivo balear es que la redacción de la especificidad conceda a las islas la posibilidad de adelantar los plazos de las restricciones que se aprueben a nivel estatal. No obstante, en la Administración central dejan abierto el tema, precisando que habrá que ver “hasta dónde se puede y se quiere llegar”.
