El conflicto entre el Gobierno de Baleares y el central por la Ley de Cambio Climático de la autonomía no está zanjado ni mucho menos. Según ha podido saber La Tribuna de Automoción de fuentes cercanas a la negociación, el Ejecutivo estatal aún no habría descartado la posibilidad de enviar la normativa al Tribunal Constitucional por invadir sus competencias al legislar que en 2025 los coches diésel nuevos no podrán circular por las Islas y en 2035 cualquiera que contamine de manera directa.
Las fuentes consultadas por esta publicación han confirmado que “todavía no hay acuerdo” cerrado y que Baleares está buscando el encaje legal de su normativa de Cambio Climático, para lo que estarían trabajando conjuntamente los técnicos autonómicos y los del Gobierno central en pro de un pacto. Este podría incluir un mero cambio de redactado o incluso modificar la fecha de entrada en vigor de las prohibiciones.
El Ejecutivo de la comunidad ha puesto sobre la mesa la conveniencia de su normativa en base a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética enviada a Bruselas, en febrero de este año, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán disponer de una zona de bajas emisiones (ZBE), a partir de 2023, lo que daría fundamento jurídico a las Islas Baleares para disponer de un área con restricciones a la circulación de los vehículos contaminantes en 2025, aunque se trate de una administración extramunicipal.
A pesar de que la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos de Baleares publicó una nota de prensa en la que anunciaba el acuerdo con el Ministerio para la Transición Energética para mantener la limitación al diésel a partir de 2025, todavía estaría pendiente el posicionamiento del Ministerio de Industria sobre la manera de encajar legalmente la regulación insular.
Recientemente, tal y como publicó este periódico la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, resolvió que la Disposición adicional tercera de la Ley de Cambio Climático de Baleares, que regula la cláusula polémica, no contraviene la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, no obstante introdujo una serie de recomendaciones para hacer menos restrictivas las medidas.
