La Audiencia Nacional ha estimado totalmente el recurso que habían interpuesto tres concesionarios catalanes de Land Rover contra las multas fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2015, mientras que solo lo ha hecho parcialmente con los cinco distribuidores de esta marca de la Zona de Madrid.
De esta forma, según las sentencias a las que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción, la red de Land Rover en la denominada Zona de Cataluña (Auto Pla de Vic 4×4, Land Motors y Accessoris Manresa 4×4) no tendrá que pagar los 578.127 euros con la que había sido castigada por la CNMC por pactar precios. Además, el organismo supervisor, tendrá que recalcular las sanciones a las empresas madrileñas (Dealer y Servicio de Posventa, Movilcar, Quiauto, Bruselas Motor 4×4 y C. de Salamanca) que alcanzaban un total de 2.596.555 euros.
En este último caso, la Audiencia estima que el cartel para limitar la Competencia tuvo lugar entre febrero y julio de 2011 y febrero y junio de 2013, mientras que las penalizaciones se habían calculado sobre el periodo comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013.
La dinámica de ambos cárteles, según denunció la CNMC, es similar a la de los otras redes de distribución del Grupo VW, Opel, Toyota y Hyundai . Los concesionarios acordaban descuentos máximos y la consultora ANT Servicalidad se encargaba de vigilar que se cumplieran, a través de falsos clientes —figura conocida como cliente misterioso— que acudían a las instalaciones interesados en comprar un coche. En caso de que hubiera incumplimientos, se les penalizaba con una cantidad a los ‘infractores’, que servía para pagar los honorarios de la consultora y de Horwath Auditores España, las dos entidades que tenían el cometido de que se respetaran los acuerdos de precios.
La participación de la segunda compañía —solo para la Zona de Madrid— es una novedad respecto al resto de expedientes de la CNMC. Esta elaboraba los denominados Protocolos de Revisión, en los que se detallaban las condiciones y tarifas del servicio de ANT, así como los términos de los acuerdos adoptados por el cártel y las condiciones que las partes debían cumplir. Asimismo, especificaba las excepciones comerciales que podían realizarse fuera del pacto, los mecanismos de intercambio de información y la valoración de las incidencias.
Por este desempeño, Competencia le sancionó con 45.594 euros, una cantidad que el tribunal, tras estimar parcialmente su recurso, ha sentenciado que se revise a la baja, porque, como sucede con los distribuidores madrileños, solo está probada su actuación para el periodo febrero-julio de 2011 y febrero-junio de 2013.
La CNMC sancionó sin pruebas concluyentes
Mientras que la resolución en el caso de las compañías radicadas en Cataluña es sencillo: no existen pruebas de que los acusados pagaran a ANT Servicalidad —se relatan facturas de 2006 y 2007, que ya habían prescrito–, ni que acudieran a reuniones; en el caso del cártel de Madrid sí existen correos y pagos que incriminan a los cinco concesionarios de esta región.
No obstante, esas pruebas solo se han hallado por el periodo que marca la Audiencia como sancionable (febrero-julio de 2011 y febrero-junio de 2013), porque al parecer la actuación ilícita tuvo un parón entre agosto de 2011 y enero de 2013, donde no hay documentos que den la razón a la CNMC.
Para completar el expediente madrileño, a estas cinco compañías habría que sumar a Divento 4×4 que, en principio no habría presentado recurso, ya que habría sido sancionado con una cantidad menor (21.030 euros), al haber permanecido dentro del acuerdo durante cuatro meses. Esta empresa solicitó a ANT Servicalidad salirse, a través de un correo electrónico, en el que señalaba el incumplimiento de “las condiciones pactadas por algunos de los asistentes”.
Las sentencias de las concesiones de Madrid, a excepción de Quiauto, y las de Horwath Auditores España y Land Motors en Cataluña cuentan con un voto particular.
