Apenas unos días antes de que entraran en vigor los aranceles del 5% de EEUU a las importaciones mexicanas, ambos países alcanzaron un acuerdo gracias al cual Donald Trump ha optado por dar marcha atrás en su amenaza, que podría haber supuesto pérdidas millonarias para el sector de la automoción.
La noche del 7 de junio, tras varias jornadas de negociaciones en Washington, los Gobiernos de México y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a actuar ante “el aumento significativo de migrantes que vienen de Centroamérica” con destino EEUU. En este sentido, ha sido de especial trascendencia la decisión del ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, de enviar 6.000 elementos de la Guardia Nacional a su frontera sur, que toca con Guatemala.
En el texto, los Ejecutivos especifican que los migrantes que crucen la frontera común en busca de asilo “serán regresados rápidamente a México”, donde esperarán hasta que se dé respuesta a su petición, y se reservan la posibilidad de incluir, en los próximos 90 días, medidas adicionales que complementen el acuerdo.
Estaba previsto que las tarifas se pusieran en marcha el 10 de junio; inicialmente habrían sido de un 5%, pero experimentarían un aumento progresivo cada mes hasta que se alcanzara el 25% en octubre, si México no tomaba acciones para frenar la inmigración ilegal.
Aunque por el momento se ha puesto freno a esta medida, Trump ya ha afirmado, en su cuenta de Twitter, que esta podría volver a activarse en el caso de que no haya una verdadera “cooperación”. “Siempre podemos volver a nuestra posición anterior, muy rentable, sobre los aranceles, pero no creo que sea necesario”, señaló el republicano.
Fabricantes como el Grupo Volkswagen o Toyota, ambos con plantas de producción en México, ya habían advertido de los efectos perjudiciales que habrían tenido los gravámenes en el sector, alegando, entre otros aspectos, que encarecería el precio de los vehículos, lo que acabaría perjudicando a los clientes estadounidenses.
