La fábrica de PSA Vigo se encontraba inmersa en una escalada de conflictividad laboral por la sobresaturación de la plantilla del Sistema 2 —se montan las furgonetas del proyecto K9 y el C4 Spacetourer—, que parecía no tener fin a corto plazo por el abismo que mediaba entre los sindicatos y la empresa sobre las medidas a aplicar para resolver un problema que lleva coleando más de cinco meses. La factura que se había pagado eran dos paros de dos y cuatro horas por turno, el 16 y 22 de mayo, a los que el fabricante contestó con una demanda judicial por huelga ilegal.
La crisis social, que la estaban protagonizando UGT, CCOO, CIG —los tres como convocantes de las paradas— y CUT —secundó las protestas—, sin el respaldo de la central mayoritaria SIT, se recondujo en un encuentro de la mesa negociadora con PSA, el 24 de mayo. Ahí la dirección aceptó llevar el conflicto a la mediación del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, una propuesta que habían formulado con anterioridad los convocantes de las huelgas y a la que se avino después de que SIT se sumara al consenso. Este movimiento nunca antes se había producido en la factoría.
La primera reunión, de 10 horas, fue el 27 del pasado mes y el resultado fue infructuoso, porque el fabricante, «sin ofrecer medidas de calado», rechazó los planteamientos sindicales, señalando que «suponían demasiados costes», según fuentes del sector.
El desenlace y la firma de la paz llegó en la segunda y definitiva cita el 30 de mayo, tras estar negociando 13 horas. La mediadora, ante el desencuentro de las partes, lanzó una propuesta de solución, que la acataron la compañía y UGT, CIG, CCOO y SIT, mientras que CUT se levantó de la mesa por estar en desacuerdo. En el pacto se ha establecido, entre otras cosas, la creación de cuatro nuevos empleos en el Sistema 2 —mientras se implantan se ponen dos refuerzos por turno—, la recuperación de un puesto en cada turno que se había suprimido, no elevar las productividades hasta agosto y la internalización de algunas actividades auxiliares para contar con más puestos adaptados a personas con limitaciones físicas —ahora, no hay oferta suficiente para este colectivo—.
La rúbrica de esta propuesta implica la constitución de una Comisión de Seguimiento, que se reunirá semanalmente en junio y que en un mes remitirá a la mediación un análisis sobre la efectividad de las medidas. Mientras se sigue este protocolo los sindicatos renuncian a convocar protestas. Sin embargo, si el resultado no es suficiente y PSA no propone alternativas, no se descarta que vuelvan a convocar acciones de presión.
