Si nos preguntásemos qué clase de coches conducen nuestros políticos, probablemente la primera idea que se nos venga a la cabeza sea la de flamantes automóviles de última generación, en su mayoría ecológicos y conectados a Internet. Pero nada más lejos de la realidad. Tras la publicación por parte de la web del Congreso de las declaraciones de bienes de los diputados en esta nueva legislatura, las primeras conclusiones apuntan hacia un parque relativamente envejecido y muy poco limpio. Sin embargo, hay excepciones.
En principio, grandes figuras del panorama parlamentario actual parecen no tener coche. O al menos, así lo han reflejado las disposiciones oficiales de Inés Arrimadas, Adriana Lastra, Alberto Garzón, Meritxell Batet o Gabriel Rufián, en las cuales no aparece reflejado ningún transporte.
Lo más probable, al parecer, es que sus vehículos oficiales sean propiedad de sus partidos o las instituciones que presiden. Tres de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno son buen ejemplo de ello: Pedro Sánchez lleva desde que accediese al cargo en junio de 2018 circulando con un Audi A8L que pertenece a Moncloa, y que fue adquirido en 2017 con Mariano Rajoy; Pablo Casado, por su parte, suele aparecer en sus actos públicos (los últimos, en campaña) con un Volkswagen Passat del que no hay apenas información; por último, Albert Rivera, quien pese a declarar tener un Volkswagen Golf de 2011, se mueve desde hace unos meses con un Lexus LS500h de renting a nombre de Ciudadanos. Respecto al candidato restante, Pablo Iglesias, declara un turismo de 2017, aunque no especifica marca ni modelo. Sin embargo, el líder de Unidas Podemos aparecía durante el debate televisivo con la última versión del VW Golf, por lo que es posible que sea este vehículo el que duerme en el garaje de Galapagar.
Reseñable además es que ninguno de los líderes y cargos destacados de los partidos políticos con representación parlamentaria no solo no tienen un coche de marca española, como podría ser Seat, sino que ni tan siquiera tienen un vehículo fabricado en alguna de las factorías que las grandes firmas automovilísticas tienen en nuestro país, como Ford Almussafes, PSA Vigo o Volkswagen Navarra entre otras.
Cabe destacar que ninguno de los grandes nombres del Congreso tiene nada parecido a un coche movido por energías alternativas. Solo se salva la ministra de Educación y Portavoz, Isabel Celaá, con su Toyota Auris híbrido del año 2017. Además, resulta paradójico que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha combatido fervientemente contra el diésel durante los últimos meses, publique en su declaración dos Peugeot relativamente poco ‘limpios’: un 307 de 2007, y un 5008 de 2011.
Entrando ya en el terreno de las curiosidades, quien más propiedades automovilísticas declara es Marcos de Quinto, con 18. El “diputado más rico” del Congreso afirma tener, entre otros, dos Porsche 911 Carrera 4S (uno de 1999 y otro de 2018), un Citroën Mehari de 1983 y hasta siete motocicletas.
Por otro lado, hablar del vehículo más antiguo tiene cierta ambigüedad, ya que el dirigente de Vox, Javier Ortega-Smith, tiene un Opel Olympia Rekord de colección, comprado por su familia en 1965; aunque si hablamos de coches de uso diario, habría que poner el foco sobre el Volkswagen Fox de Ana Oramas (Coalición Canaria), y el Audi A4 TD 1.9 de Maria Luisa Carcedo (PSOE), ambos adquiridos en 1998.
En cuanto a los más nuevos, son dos políticos del Partido Popular quienes aun están de estreno. Tanto Juan José Cortés como Ana Pastor compraron sus actuales automóviles en este año 2019, un Audi A6 el diputado por Huelva, y un Mini Cooper D la expresidenta del Congreso.
Patxi López y Carmen Calvo son quienes declaran los más pequeños de la lista, con un Fiat 500 de 2014 y un Nissan Micra de 2006, respectivamente. A su vez, también Juan José Cortés guarda el más grande, un SsangYong Rodius de 2007.
