Bruselas ha vuelto a proponer el mismo factor de conformidad para los nuevos ensayos en condiciones reales de conducción (RDE, por sus siglas en inglés) que fue anulado por el Tribunal General de la Unión Europea tras un recurso interpuesto por los ayuntamientos de Madrid, Bruselas y París, aunque esta vez lo presenta a través de un procedimiento legislativo ordinario con el que no se excederá en sus funciones.
Es decir, la Comisión quiere establecer de nuevo que, en una primera fase, se aplique un coeficiente de corrección de 2,1 en los datos que arroje el RDE —que complementa al ensayo WLTP y evalúa los niveles de óxido de nitrógeno (NOx) y partículas—, lo que, en la práctica, permitiría unos niveles de emisiones más elevados que los que contempla la norma Euro 6 (de 80 mg/km NOx).
No obstante, se ha decidido revisar a la baja el factor de conformidad en la segunda fase, que comienza en enero de 2020, con lo que este pasa del 1,5 al 1,43.
“La Comisión propone insertar el mismo factor de conformidad en el texto legal” presentado, ha afirmado el órgano comunitario en un comunicado. Solo que, en esta ocasión, se seguirá un procedimiento de codecisión, es decir, la propuesta tendrá que ser negociada y aprobada por el Parlamento, previo consenso con el Consejo. Anteriormente se había hecho a través del procedimiento de comitología, con el que la Comisión aprueba la medida, con el apoyo de expertos, antes de que pase a ser validada por los eurodiputados y el Consejo.
“De esta forma, la Comisión se asegura de tener la certeza legal necesaria para las autoridades, la industria y los consumidores”, ha apuntado la institución, que dice haber solicitado restablecer el factor de conformidad adoptado previamente con el fin de “evitar una carga innecesaria a los fabricantes que ya han diseñado sus vehículos teniendo en cuenta el procedimiento RDE previamente adoptado”.
El pasado diciembre, el Tribunal anuló el factor de conformidad, como solicitaron los ayuntamientos previamente mencionados —los cuales habían implementado sendas medidas de restricción a la circulación de coches en sus ciudades—, al considerar que la Comisión “no era competente” para modificar, con los coeficientes de corrección, los límites de emisiones.
Debido a ello, el órgano judicial ordenó a Bruselas modificar la normativa, dándole un periodo de un máximo de doce meses a partir de que acabara el plazo establecido para apelar la sentencia.
Por su parte, la Comisión presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, que quedó registrado el pasado 23 de febrero y podría tardar hasta 18 meses en resolverse.
Si la propuesta dada a conocer ahora es aprobada por el Consejo y el Parlamento, pasará a ser obligatoria en todos los Estados miembros tres días después de su publicación en el boletín oficial de la UE.