T.Colás / Madrid
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 13/2018, por el cual se establece una nueva regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que permite a las comunidades y a los ayuntamientos asumir competencias sobre estas licencias. En una votación en el pleno de la Cámara Baja, en la que han participado 345 diputados, se han registrado 179 votos a favor por 164 en contra y dos abstenciones. Tras el visto bueno, y mediante otra votación, se ha decidido que la normativa se tramite como proyecto de ley por vía de urgencia por lo que, entonces, sí se podrán introducir enmiendas.
La regulación promovida por el Gobierno socialista pretende garantizar el cumplimiento del ratio 1/30, ya que actualmente (datos a cierre de septiembre) hay una VTC por cada 5,40 taxis. En este sentido, y tras un periodo transitorio de cuatro años, extensible a seis, se habilitará únicamente a las actuales autorizaciones VTC para realizar transporte interurbano, por lo que quedará en manos de las administraciones autonómicas y locales la posibiliadad de conceder licencias para que puedan operar en su territorio.
Durante su comparecencia hoy en el Congreso, el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha vuelto a hacer hincapié en el hecho de que el Estado está preparado para hipotéticos litigios y que “las posibles indemnizaciones que puedan surgir se compensarán en especie”, con la anunciada moratoria.
Por otro lado, tanto el PP -que ha votado en contra junto Ciudadanos y Foro Asturias- como ERC, PNV y PDeCat se han mostrado favorables a abrir el debate y dialogar. Por este motivo, han pedido que se tramite como proyecto de ley para que se puedan presentar enmiendas. En concreto, los nacionalistas han incidido en incluir un blindaje para las comunidades autónomas para que en caso de que las VTC pidan indemnizaciones, éstas no recaigan sobre las autonomías, sino sobre el Estado.
Por otra parte, Ciudadanos ha hecho referencia al informe económico de la consultora EY, que cifra en 3.785 millones de euros el importe total de las reclamaciones si se suprime en el conjunto del país todo el exceso de licencias VTC actuales. El ministro de Fomento ha replicado que para ellos tiene una mayor validez lo que ha dicho la Abogacía del Estado, es decir, que con la moratoria y con las sentencias promulgadas por el Tribunal Supremo “tenemos cubiertas las espaldas”.
