Adrián Vega / Madrid
Los colegisladores comunitarios —el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión— han alcanzado un acuerdo político para fortalecer la calidad e independencia de las pruebas de homologación de los vehículos y aumentar el control sobre los automóviles que ya están en el mercado, tal y como propuso la Comisión Europea en enero de 2016, como consecuencia del fraude del diésel y su repercusión en el sector.
Una de las medidas más significativas es la que capacita a la Comisión Europea a imponer multas de hasta 30.000 euros por automóvil cuando un fabricante o un servicio técnico incumpla la norma, sin tener que esperar a que sean los Estados miembros quienes tomen la iniciativa, como ocurría hasta ahora. «El Dieselgate ha revelado las debilidades de nuestro sistema de vigilancia regulatoria y de mercado. Sabemos que algunos fabricantes de coches estaban engañando y muchos otros estaban aprovechándose de las lagunas en la norma. Después de casi dos años de negociaciones, celebro que se hayan respetado los elementos clave de nuestra propuesta, incluidas las facultades reales de supervisión y aplicación de la UE», afirma la comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES.
Los servicios técnicos también serán auditados de forma periódica e independiente para poder obtener o mantener su designación por parte de un Estado miembro para probar e inspeccionar modelos de automóviles nuevos. La Comisión y otros países podrán impugnar una designación cuando algo sea incorrecto. No obstante, no se ha satisfecho la petición de Bruselas de modificar el sistema de remuneración para evitar que los servicios técnicos sean pagados directamente por el fabricante.
Eso sí, las autoridades nacionales de homologación estarán sujetas a auditorías de la Comisión para garantizar que las normas pertinentes se apliquen rigurosamente en toda la UE, y no solo en los controles de la línea de montaje, sino también cuando los vehículos ya están en su mercado. Dichos resultados estarán accesibles al público.
El acuerdo político preliminar alcanzado en las llamadas negociaciones tripartitas está ahora sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo, aunque el Reglamento será directamente aplicable en todos los Estados miembros y será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2020. «A través de un control más estricto, la industria del automóvil tiene la oportunidad de recuperar la confianza de los consumidores. Tan solo unas semanas después del Paquete de Movilidad Sostenible de la Comisión, el acuerdo de hoy marca otro hito en los esfuerzos de la Unión Europea para reforzar el liderazgo global de nuestra industria automovilística mediante vehículos limpios y seguros», declaró Jyrki Katainen, vicepresidente de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.
