Ignacio Anasagasti / Madrid
El Ministerio de Energía y el de Industria ya han mantenido diversas reuniones para decidir las características que tendrá el plan de ayudas a la compra que gestionará el IDAE con un presupuesto de 50 millones de euros. En estos encuentros, ambos departamentos están buscando limar las diferencias y llegar a un acuerdo. Mientras que para el primero la prioridad es la “eficiencia energética”, para el segundo, que se potencie, sobre todo, la fabricación de vehículos en España, según ha declarado a La Tribuna de Automoción en una entrevista exclusiva la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto.
La responsable ministerial señala que la cartera presidida por Álvaro Nadal “defiende, en un principio, que los 50 millones se dediquen íntegramente para Movea, en ayudas al vehículo eficiente y para instalaciones de infraestructura”. Por su parte, desde Industria, aclara que se apuesta por “un 50% para Movea, que, con los 14,26 millones, sería suficiente, y el otro 50% para hacer una suerte de Movea Plus, un programa que beneficie a coches más eficientes que los del PIVE, que tenga achatarramiento y permita impulsar la demanda”. “Es necesario, porque el mercado está un poco paralizado en los últimos meses”, subraya.
Aparte de decidir el reparto de fondos, que podría cerrarse en esta quincena, faltaría por acordar muchos otros puntos, entre ellos “qué se considera como vehículo más eficiente”. “Energía quiere unas emisiones de entre 114 y 117 gramos de CO2 por kilómetro y nosotros estamos peleando 120“, explica Cristeto, quien añade que se tendrán en cuenta también otros parámetros y que “habría diferencia de objetivos en función de si el vehículo es diésel o gasolina“.
El nuevo programa, que podría activarse en octubre, se agotará antes de que concluya el ejercicio, según los cálculos de Industria. En caso de que hubiera un retraso en su aprobación, no pasaría nada, porque el IDAE “no tiene problema de cierre de año [presupuestario]. Aunque le dé diciembre puede abrirlo en cualquier momento”, comenta el subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales, Alejandro Cros, que también participó en la entrevista.
Dieselgate
En relación al caso del trucaje de los motores de VW, Cristeto indica que “los países no hemos tenido la culpa y no pueden acusarnos de que no hemos hecho una vigilancia de mercado para detectar un software cuando no lo han detectado en ningún sitio. Dicen que no está proporcionada la acción que hemos llevado a cabo por la magnitud del problema, sin embargo, hemos sido el único país que paró su stock: 12.000 vehículos de inicio. Luego ya, cuando se fue aclarando el tema, se fue liberando parte y, al final, ha habido como 2.400 coches que no han podido vender en España”, apunta.
Como respuesta a esta crisis, la secretaria general expone que están trabajando en reformar la Ley de Industria, ya que la actual contempla sanciones económicas muy reducidas. Asimismo, destaca que, cuando la causa penal en la Audiencia Nacional llegue a su fin, “retomaremos el procedimiento administrativo”.
Acerca del debate sobre las normativas de emisiones en Europa, asevera que “siendo conscientes de que tenemos que ir progresivamente limitándolas, también hay que considerar que adoptar estas exigencias supone, para las empresas, una inversión muy importante. Por ello, hemos defendido siempre una disminución de los gases proporcional y, por supuesto, acorde a las condiciones presupuestarias de los constructores. Una presión desmedida puede llegar a provocar que las compañías automovilísticas busquen alternativas para cumplir las normativas”, sentencia.
Lea la entrevista completa en la edición impresa de La Tribuna de Automoción de la primera quincena de septiembre
