Pablo M. Ballesteros / Madrid
El precio del combustible se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno ya que España es el país de la Unión Europea en el que más alto está antes de los impuestos, como fruto de la “reducida competencia” en el sector.
Para paliar el mayor coste del carburante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros una serie de medidas entre las que destacan aquéllas destinadas a favorecer la instalación de instalaciones de suministro, así como la aparición de nuevos operadores. Para ello, se eliminarán barreras administrativas y se simplificarán los trámites.
Por ejemplo, se establece un procedimiento único en todas las comunidades autónomas para la apertura de nuevas estaciones de servicio, y se establece un plazo máximo de ocho meses para dar una respuesta a las peticiones de licencias.
No obstante, estas medidas se han fijado para favorecer a los nuevos operadores ya que para los antiguos se establecerá, “de manera transitoria”, un número de instalaciones de venta de combustible.
Con el objetivo de abaratar el coste logístico, la normativa pide a su vez mayor transparencia a los operadores que se encargan de este aspecto.
Ataque a los biocombustibles
De este intento del Ministerio de Industria de reducir los precios del combustible, los biocarburantes han sido los que han salido peor parados ya que el Gobierno ha establecido una cuota de un 4,1%, cuando el límite fijado para abril de 2013 era de un 6,5%.
En concreto el gasóleo que se consume en España tendrá que llevar un 4,1% de componente ‘bio’, frente al 7% aprobado anteriormente, mientras que la gasolina tendrá un 3,9%, lo que supone una reducción de dos puntos comparado con el 4,1% que estaba fijado.
De esta forma, queda en vilo el cumplimiento de la directiva europea que fija que los vehículos tienen que utilizar un 10% de energías renovables para 2020.
Estas medidas, que están incluidas en el Real Decreto Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulos al Crecimiento y la Creación de Empleo que será publicado en el BOE el sábado y entrará en vigor el domingo, las ha tomado el Gobierno después de evaluar los informes presentados por la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión Nacional de la Energía.
