latribunadeautomocion.es / Madrid
Los concesionarios de automóviles están obligados a comunicar al Ministerio del Interior los pagos y cobros que efectúen por un importe en efectivo superior a 15.000 euros, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que tiene como principal objetivo evitar que los operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.
Además, los concesionarios tendrán que valorar otras circunstancias relacionadas con el pago en efectivo en la compra-venta de los vehículos, tales como el precio total del automóvil, la solicitud de crédito para el precio restante o la identidad del comprador.
La norma, informa Europa Press, indica también que los concesionarios deberán conservar durante diez años los documentos que puedan entrar en el ámbito de la ley contra el blanqueo de capitales. Este período coincide con el plazo de prescripción de los delitos contemplados por la ley.
Esta ley contra el blanqueo de capitales, en vigor desde el pasado año, obliga a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.
La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales, como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y concesionarios, entre otros.
