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El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ve ilegal el céntimo sanitario

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Alberto Gutiérrez Molinero/ Madrid

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Nils Whal, ha emitido esta mañana un dictamen no vinculante sobre el llamado céntimo sanitario que aplican muchas Comunidades Autónomas por echar gasolina en la que señala que es incompatible con la legislación comunitaria sobre impuestos especiales, según ha publicado el diario El Mundo.

gasolina270El abogado sostiene este gravamen no cumple la obligación de perseguir una finalidad específica no recogida en los presupuestos. Al contrario, persigue el mismo fin que el del impuesto que ya se aplica sobre hidrocarburos, es decir, reducir los costes medioambientales y sanitarios que generan los combustibles.

Además, Whal cree que no se ha demostrado que esta carga impositiva desincentive el consumo de hidrocarburos o promueva la utilización de energías alternativas.

Por otro lado, el letrado del TJUE considera que el céntimo sanitario no cumple los requisitos de devengo, ya que se obtiene en el momento en que se vende al consumidor, a diferencia de otros impuestos especiales –cuyo devengo es anterio- o del IVA, que se aplica en cada fase de producción y distribución de un bien.

El dictamen del abogado general no es vinculante, aunque el fallo del TJUE coincide en un 80% de los casos con el dictamen previo. Si se cumpliera la estadística, España se vería obligada a devolver los 13.000 millones de euros que ha recaudado con este impuesto, aunque el Gobierno ha pedido que, de ser desfavorable la sentencia, se aplique sólo a la recaudación futura.

El TJUE tendrá que pronunciarse en los próximos meses por la demanda presentada por una empresa de transportes de Cataluña, que solicitó el reembolso de los 45.000 euros que ha tenido que abonar por este impuesto en los últimos años, alegando que es ilegal.

Riesgo deliberado

Según El Mundo, Whal reconoce el riesgo que una sentencia contraria podría generar en las cuentas del Estado español teniendo en cuenta la situación “precaria” en la que se encuentra la economía. Sin embargo, también advierte de que cuando se creó este impuesto el Tribunal de Justicia ya había declarado la no conformidad con una tasa similar. "España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior", concluye Whal.

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